Por Luis Javier Porras, experto en impuestos

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Imagen ilustrativa.

Según una noticia publicada en julio de este año en el sitio web de CNN en Español, el gigante minorista en línea Amazon comenzará a cobrar impuestos sobre las ventas en ocho estados adicionales de Estados Unidos (EEUU) en los próximos años.

Actualmente, Amazon cobra impuesto sobre las ventas en seis estados.

Eso significa que muchos clientes tendrán que sacar un poco más de sus bolsillos cuando compren a través de Internet.

Las tiendas minoristas tradicionales de establecimientos físicos han presionado fuertemente para que Amazon y otros comerciantes electrónicos cobren impuestos sobre las ventas.

Imagen ilustrativa.

El lector Luis Diego Quesada Meléndez nos envió la siguiente consulta. En párrafos posteriores, el especialista en impuestos Luis Javier Porras le brinda una respuesta:

“Me ha pasado en varias ocasiones que pido una orden para llevar en un restaurante (llamo antes para ir a recoger lo solicitado) y cuando llego a pagar la cuenta me han cobrado el 10% de impuesto de servicio (propina) a la cuenta. ¿Es esto correcto?

“Yo pensaría que no, ya que el 10%  nace del servicio en mesa de los saloneros. En un restaurante alegaron que ellos no venden para llevar y que la cocina también gana 10%, pero siempre me vendieron la orden y me cobraron extra por el empaque”.

Por Luis Javier Porras (contador y especialista en impuestos).

Foto: Keith Syvinski. Imagen ilustrativa. El atraso en el pago de este impuesto genera intereses del 13.30% anual.

El pasado 27 de diciembre fue publicada, en el Alcance Digital 111-A de La Gaceta, la Ley 9024 (Impuesto a las Personas Jurídicas).

Esta estableció un impuesto a las sociedades inscritas en el Registro Nacional, equivalente a 50% de un Salario Base (SB)*, es decir, ¢180.000 (aproximadamente $350).

**Nota Aclaratoria: Tras la publicación de este post, el Sr. Luis Porras hizo la rectificación de que la posición del Ministro sí tiene tiene asidero legal. “Sin embargo, existe un hueco en cuanto a la aplicación administrativa de la norma, dado que existe un conflicto entre lo que indica el CAUCA IV y un conjunto de leyes y reglamentos vigentes y desfasados en Costa Rica, tales como el Reglamento del CAUCA vigente, la Ley de Aduanas y su Reglamento, que actualmente rigen en consonancia con la legislación anterior (CAUCA III)”. Agregó que sería recomendable un análisis legal para dirimir las diferencias entre estas legislaciones, así como aclarar su correcta aplicación y vigencia.**

Durante la víspera del llamado Viernes Negro, fecha de descuentos en la que muchos costarricenses se aprestaban a realizar compras por Internet, el viceministro de Ingresos del Ministerio Hacienda, Rowland Espinoza, manifestó al periódico La Nación que las compras por esa vía deben pagar impuestos.

El viceministro dijo que solamente los artículos que un familiar o amistad mandan desde otro país hasta Costa Rica pueden ser exentos de impuestos, en el tanto estos no sobrepasen los $500.

Este anuncio generó molestia e incertidumbre entre un sector de la población, que acababa de efectuar sus compras por medio de la web, confiado en que no tendría que pagar tributos por ello.

Ante esto, QuienPagaManda.com consultó el criterio de Luis Javier Porras, experto en temas tributarios y quien responde dudas sobre impuestos en este blog.

Este es un resumen de lo expresado por el especialista.

¿Considera que las compras hechas en línea están amparadas en el artículo 93 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), que permitiría -cumpliéndose los presupuestos del artículo- exonerarlas de impuestos? ¿O tiene razón el Ministerio de Hacienda al decir que las compras hechas por Internet no deben ser exoneradas?

“Sí, considero que las compras hechas en línea se amparan a dicho artículo. Cabe mencionar que nuestra Ley General de Aduanas fue reformada mediante Ley No. 8373, en el 2003, según la cual en el artículo 137 se transcribe el mismo texto del artículo 93 del CAUCA, lo cual ratifica el tratamiento indicado”.

Por Joanna Nelson

La Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) propuso un proyecto de ley que ordenaría la imposición de sanciones a aquellos funcionarios públicos que incumplan la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

El proyecto se planteó desde el año pasado y, entre otras sanciones, contempla cobrar multas a los funcionarios públicos.

Por Joanna Nelson

Para el Gobierno uno de los mayores problemas que enfrenta el país es la ausencia de recursos para financiar los diferentes programas establecidos en el Presupuesto Nacional. Pero para Luis Eduardo Loría, presidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) y férreo opositor a la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, el principal inconveniente es el despilfarro de recursos en gastos superfluos que no se quieren recortar porque toca “privilegios y favores políticos”.

El economista de 37 años conversó con QuienPagaManda.com el pasado 15 de febrero, donde también explicó que desde el año pasado ANFE propuso un proyecto de ley que crea la imposición de sanciones a aquellos funcionarios públicos que incumplan la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

*Menos materias, más deuda o un segundo trabajo entre posibles efectos del impuesto

*Unión de Rectores de Universidades Privadas y estudiantes hacen intenso cabildeo

Por Joanna Nelson

Mientras el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, cree que las universidades privadas son solo para los más acaudalados del país, miles de universitarios -que estudian de día y trabajan de noche porque no pueden darse el lujo de pasar cinco años como estudiantes de tiempo completo en una universidad pública- desde ya empiezan a buscar opciones por si el impuesto se aprueba.

Los costos de la educación universitaria privada aumentarían en 14% de aprobarse el impuesto al valor agregado (10% para las carreras acreditadas de universidades privadas), según lo propone el proyecto de ley “Solidaridad Tributaria” enviado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa el pasado 17 de enero.

Dicho impuesto impactaría a los estudiantes de 18 carreras acreditadas por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) e impartidas en centros educativos particulares.

Matricular menos materias, endeudarse más o trabajar un mayor número de horas son algunas de las opciones que valoran los estudiantes de las universidades privadas del país, preocupados ante el posible aumento en el costo.