ANFE propone multas para funcionarios que incumplan Ley de Presupuestos

Por Joanna Nelson

La Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) propuso un proyecto de ley que ordenaría la imposición de sanciones a aquellos funcionarios públicos que incumplan la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

El proyecto se planteó desde el año pasado y, entre otras sanciones, contempla cobrar multas a los funcionarios públicos.

“En los dos últimos años, en el último gobierno de Óscar Arias y en el primero de Laura Chinchilla se violó el artículo 6 de la Ley de Presupuesto, que indica que no se pueden financiar gastos corrientes con deuda. En este momento, el Gobierno está violando la ley y  no existe ninguna consecuencia para los miembros de la Autoridad Presupuestaria en el Ministerio de Hacienda o para los diputados que aprueban ese presupuesto o para la Contraloría General de la República, que está obligada a darle seguimiento”, criticó Luis Loría, presidente de ANFE.

El proyecto “Ley de Responsabilidad Fiscal”, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y que reformaría la Ley de Administración Financiera, plantea una “multa de 20 a 30 veces su remuneración total mensual, y con la destitución del cargo en el caso de aplicarse la multa mayor, al o a los funcionarios o servidores públicos que por negligencia grave, no hubieren cumplido con las obligaciones que a cada uno corresponda en esta ley”.

En el caso de los funcionarios de la Contraloría General de la República que no observen la legislación, se impondría una “multa de 10 a 20 veces su remuneración total” e, incluso, la destitución del cargo.El plan legislativo también establece que en condiciones normales, el Gobierno debe acumular superávit, “en por lo menos 2% del Producto Interno Bruto”.

En condiciones extraordinarias, el “resultado primario” del Gobierno puede alcanzar 0%, pero nunca podría haber déficit.La ANFE también presentó otra iniciativa en la que formula reformar la Ley del impuesto sobre la renta. “Se propone que sean los ciudadanos quienes decidan cuál es el mejor uso para sus recursos en inversión, ahorro o consumo. ¿Cómo se logra esto? Con reducción en tasas máximas del impuesto y para que, en ningún caso, la tasa máxima para personas o para empresas supere el 15%”, explicó Loría.

“También se elimina la doble imposición que existe a los dividendos y los impuestos que pagan pensiones y jubilaciones, que también se consideran una doble imposición”, agregó. Según el economista, los proyectos cuentan con el apoyo de varios diputados, especialmente el referente a la responsabilidad fiscal.