ANFE: “No se quiere reducir el gasto porque toca privilegios”

Por Joanna Nelson

Para el Gobierno uno de los mayores problemas que enfrenta el país es la ausencia de recursos para financiar los diferentes programas establecidos en el Presupuesto Nacional. Pero para Luis Eduardo Loría, presidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) y férreo opositor a la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, el principal inconveniente es el despilfarro de recursos en gastos superfluos que no se quieren recortar porque toca “privilegios y favores políticos”.

El economista de 37 años conversó con QuienPagaManda.com el pasado 15 de febrero, donde también explicó que desde el año pasado ANFE propuso un proyecto de ley que crea la imposición de sanciones a aquellos funcionarios públicos que incumplan la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

-El Gobierno anunció que ahorrará miles de millones gracias a la reducción de gastos en publicidad y consultorías, aparte de no contratar nuevo personal. Usted dice que antes de aprobar cualquier paquete de impuestos, el Gobierno  tiene que eliminar lo que usted llama “gasto público basura”. ¿A cuáles otros gastos “basura” se refiere que no estén ya incluidos en el plan de ahorro del gobierno?

-“El gasto público basura se refiere a todos los gastos que anualmente meten los gobiernos en el presupuesto. Dentro de esos gastos hay gastos buenos y gastos malos. Al final de cada período de Gobierno de cuatro años, se acumularon varios gastos que no se justifican o que no responden a prioridades de los ciudadanos y ese es gasto público basura que se debe eliminar en un 100%”.

-¿Qué exactamente (debe eliminarse)?

-“La única manera de llegar a determinar si un gasto es bueno o es malo es analizar línea por línea del presupuesto. Es algo que la exministra de Hacienda, Jenny Phillips (actual viceministra de Hacienda), había ofrecido y que, hasta el momento, no se ha hecho. También es importante ver que, del gasto público, solo una tercera parte lo ejecuta el Gobierno Central; dos terceras partes lo ejecutan las instituciones no descentralizadas y las empresas públicas y ahí hay varias ineficiencias que ha señalado recientemente el PUSC, basado en un análisis de la Contraloría y un estudio del Banco Mundial, donde hay muchos gastos sin asignar que no tienen realmente justificación”.

-Déme ejemplos de lo que se podría considerar “gasto malo”…

-“Cualquier gasto que no se refleje en un buen servicio público, un gasto de mala calidad. No se puede decir, por ejemplo, que todo el gasto que se hace en salud o en educación, o en seguridad o en vivienda es gasto bueno… Dentro de esos gastos también está todo lo que tiene que ver con grupos privilegiados, digamos, el tema de presupuesto del FEES (Fondo Especial de la Educación Superior), eso tuvo mucha discusión. El Gobierno mismo aceptó que había concedido muchos privilegios, simplemente por no asumir el costo político de enfrentarlo. También están los costos de varias convenciones colectivas, hay varios rubros que son privilegios que no se justifican, hay otros que son normales dentro de una relación laboral.

“Entonces, realmente, hay que sentarse y ver con lupa los presupuestos del Gobierno Central, de los Ministerios y de las instituciones. En varias instituciones del Gobierno hay gastos, supuestamente, en investigación y desarrollo y es claro que el Gobierno no está generando muchos productos que lleguen a ser rentables en el mercado o que se puedan considerar innovadores. Entonces, ¿en qué se está utilizando ese dinero? Es un problema, no solo de decir: ‘Aquí sobran personas o no sobran personas’, sino decir: ‘Vamos a ver qué se está haciendo con los recursos de la gente’”.

-¿Para usted esta propuesta de reducción de gasto del Gobierno es insuficiente?

-“Es totalmente ridículo. Eso nada más es para decir que algún gasto se va a recortar, cuando es totalmente evidente que se está haciendo un mal uso de una cantidad enorme de recursos que ya se le extraen a la sociedad”.

-¿Tiene estimaciones de a cuánto asciende todo ese “gasto público basura”?

-“Sí. Por ejemplo, las estimaciones que hizo públicas la Contraloría (General de la República). Varios rubros de gasto no asignado son de aproximadamente ¢1.3 billones, más de dos veces o dos veces y medio de lo que el Gobierno quiere de su reforma tributaria. Hay más que eso, eso fue simplemente escarbando por encima el problema”.

-¿Es realista esperar que se pueda ahorrar más allá del monto que propone la Administración, sin perjudicar programas sociales y funciones estatales básicas?

-“El 100% de los gastos públicos innecesarios deben eliminarse. Con eso no se está proponiendo que se eliminen programas necesarios o programas básicos. Lo que sí se insiste es que en los programas que tienen que ver con los temas sociales como salud, vivienda, educación, seguridad, etc, que esos, precisamente, sean los que se vean con más cuidado para asegurarse que los recursos se utilicen bien. En mi opinión, el potencial de ahorro es realmente enorme. Hay instituciones que no tienen razón de ser, como el CNP (Consejo Nacional de Producción)”.

-Aparte de reducir gastos, ¿qué otra alternativa tiene el Gobierno para obtener ingresos suficientes para mantener la inversión y los programas característicos del Estado costarricense?

-“El financiamiento de todo gasto puede provenir de tres fuentes, esto es impuestos, deuda o del impuesto inflacionario. En este momento lo que se está haciendo es recurrir a deuda y se espera aprobar impuestos para tener que endeudarse menos. Pero, lo importante de esto es que, al final de cuentas, sin importar  cuál de esos tres mecanismos utilice, siempre lo van a terminar pagando todos los ciudadanos. La pregunta relevante nuevamente no es si al Gobierno le alcanza para dar todo lo que está dando ahora, sino si todo lo que está dando ahora lo debería dar el Gobierno”.

-El PUSC ha planteado que no se necesita aprobar más impuestos, sino que el Gobierno puede emplear los recursos del superávit de varias instituciones (alrededor de ¢2 billones). ¿Cómo valora ese planteamiento?

-“Prefiero utilizar esos dineros que no se están utilizando a subir impuestos. “Entonces, por ese lado me gusta la propuesta del Partido Unidad Social Cristiana. Sin embargo, el utilizar esos recursos que no se están utilizando bien en instituciones descentralizadas y dárselos al Gobierno Central, que no sabemos si los va a utilizar bien, realmente no soluciona el problema.

“El problema está en que no se quiere entrar a reducir el gasto público innecesario porque toca privilegios y favores políticos. Simplemente, abrirle la llave de más ingreso al Gobierno, ya sea por el lado de los impuestos o por el lado de que tome recursos que le sobran a las instituciones del Estado, haría que se evite entrarle al problema del gasto, que es el problema más serio que tenemos”.

-En las aduanas, gracias al uso de la Tecnología de Información para el Control Aduanero, entre otras medidas, se ha reducido la evasión fiscal en el impuesto de ventas, ¿cree que la evasión continúa siendo grande? ¿Qué medidas propone para combatirla?

-“El tema de evasión y elusión de impuestos y todo lo que se pueda hacer en esa área, me parece que se debe apoyar. El Ministerio de Hacienda ha estado trabajando en esa dirección durante mucho tiempo y el camino que se debe seguir es bastante claro: pasa por mejores controles cruzados, ahora la tecnología ayuda bastante. Pero, el impacto de esas mejoras administrativas sobre los ingresos es relativamente poco y se puede ir acumulando de manera interesante solo en el mediano y largo plazo. No es una solución para los problemas de hoy”.

-¿Qué está haciendo el sector privado organizado para contribuir a crear una cultura de pago de impuestos entre los empresarios nacionales? ¿No cree que ayudaría una menor evasión a evitar paquetes de impuestos como el que se propone?

-“Estoy de acuerdo. La gente paga impuestos si siente que el dinero que paga se le devuelve en beneficios que sean mayores a los que él mismo se hubiera podido procurar con su dinero. Mucho del problema de evasión y elusión de impuestos obedece a que el costarricense siente que el Gobierno no le está devolviendo servicios de calidad. Entonces, nuevamente pasa por un problema de cómo se está gastando el dinero que el Gobierno desvía de actividades productivas o de consumo a lo que prefiere alguien en el Ministerio de Hacienda. Eso no solo atenta en contra de la reactivación económica y del empleo, sino que no hace el uso más eficiente de los recursos de los ciudadanos”.

-¿Qué efectos tendría el proyecto sobre servicios como salud o educación y sobre la construcción?

-“Salud y educación han sido dos de los sectores que saltaron primero para oponerse a la manera que está planteada la reforma al impuesto al valor agregado y encarecería los servicios de educación y salud. Me parece que sería un error muy grave porque la educación y la salud sirven para disminuir diferencias en el ingreso y mejorar las capacidades en general de la población.

“Entonces, la aprobación de un impuesto como el que se propone serviría para ensanchar la brecha que existe entre personas de mayores recursos y las que tienen menos recursos y sería algo totalmente injusto”.

-En el proyecto no se toca el régimen de zonas francas, que seguirá gozando de exenciones.  Políticos como Ottón Solís manifestaron que se les debería cobrar un 10%, pero otros sostienen que mantenernos competitivos para atraer inversión extranjera es indispensable para la economía nacional. ¿Fue acertada la decisión del Gobierno de no plantear cambios en ese régimen?

-“Ahí lo que hay que analizar es si el problema es el régimen de zonas francas o el problema es todo lo que está fuera del régimen de zonas francas. Uno ve en las zonas francas un ejemplo de que cuando las actividades no se tasan y no se sobreregulan, entonces esas actividades florecen. Eso debería servir como ejemplo para el diseño de la política fiscal fuera de las zonas francas. En lugar de pensar en aumentarle los impuestos a nadie, incluyendo las zonas francas, me parece que la propuesta debería ir en la dirección de que el Gobierno cobre menos impuestos a todos los ciudadanos”.

-¿Qué opina de la actitud de la oposición en presentar cientos de mociones contra el proyecto de reforma fiscal?

-“Ese es un tema más político que técnico. Sin embargo, los diputados se encuentran en libertad de escoger los caminos que consideren adecuados, ya sea para apoyar o promover una reforma en la Asamblea y la presentación de mociones es algo que permite el reglamento como parte de la discusión de cualquier proyecto de ley”.

-¿Qué otras lagunas advierte en la reforma fiscal presentada por el Gobierno?

-“Una solución definitiva de los problemas fiscales tiene que garantizar que esos problemas no se van a volver a presentar en el futuro y no hay nada en la propuesta del Gobierno que haga pensar que los problemas que tenemos hoy no se van a volver a repetir en dos o tres años.

“¿Qué nos garantiza que el Gobierno no va a volver a llegar en cierto tiempo a pedirnos más plata porque simplemente se la volvió a gastar en cosas que se le ocurrieron? Entonces, para evitar esto se debe condicionar la solución de corto plazo a que se garantice que la casa se va a poner en orden y que se van a tomar medidas por el lado del gasto y de la responsabilidad fiscal, que garanticen que estos problemas no se repitan más adelante”.

-Usted plantea que Costa Rica ha apostado por dos soluciones económicas incompatibles: intervención de Estado y  políticas de libertad económica. Pero, en Costa Rica ha sido una costumbre el paternalismo e incluso el artículo 50 de la Constitución respalda esa visión. ¿Cómo concretar, entonces, ese cambio hacia un mayor liberalismo económico –que usted propone- si el mismo ordenamiento jurídico está predispuesto hacia el intervencionismo estatal?

-“Cada sociedad es la encargada de determinar qué clase de país quiere. Nosotros (Anfe) tenemos una visión de lo que sería deseable para el país y es la visión que ha demostrado ser compatible con un mayor desarrollo y prosperidad. Por supuesto que un país puede elegir un camino que lo lleva a la pobreza y a la miseria. Esas son las opciones que hay al frente”.