UNIVERSITARIOS, ¿SOSPECHOSOS DE LAVADO?

Jorge Gutiérrez, estudiante de la Universidad Latina, estuvo recibiendo llamadas del Banco de Costa Rica (BCR) durante más de un año para que fuera a actualizar sus datos, según lo exige la ley 8204 (contra el lavado de dinero).

La semana pasada, ya cuando su tarjeta necesitaba reemplazo urgente, fue a renovarla y de paso intentó llenar el formulario de actualización de datos. La sorpresa fue que no lo dejaron hacerlo y le advirtieron que está en peligro de que le cierren las cuentas.

Por ser un estudiante universitario que-al igual que muchos- depende económicamente de sus padres, no tiene orden patronal ni certificación de contador público. Sin esos documentos no puede probar el origen de sus ingresos y por tanto podría ser sospechoso de lavado de dinero.

Cualquiera se imaginaría que a estas alturas ya a alguien en el banco se le habría ocurrido que no todo el mundo puede explicar sus ingresos de esa forma -por ejemplo ¡miles de estudiantes universitarios!- y que obviamente se debe buscar una alternativa.

Pues no. No solo estuvieron llamando a Gutiérrez a lo largo de todo un año sin avisarle de ese pequeño detalle, sino que además cuando llegó al banco tampoco le ofrecieron ninguna solución.

“Molesto por la situación navegué en la página de la SUGEF (Superintendencia General de Entidades Financieras), leí la ¡&$/$%! ley y NO encontré un apartado que registre en el sistema bancario a personas como yo u otros estudiantes, hijos que reciben mesada”, comentó.

Llamó a la SUGEF y la respuesta fue que eso es un asunto de los bancos, por lo que no le quedó de otra que llamar al BCR e insistir.

“Me contestó una señorita cordialmente y le hice la consulta de qué puedo hacer, ya que no tengo esos dos requisitos. Ella se quedó pensando que cómo es posible que yo no trabaje y de tal forma se sintió un aire de que me estaba catalogando como delincuente. Ahí la interrumpí y le dije que cómo hacían todas las personas que solo estudian y su padre o madre les dan dinero”.

“En un momento volvió a quedar callada y me preguntó si mis padres trabajan, yo contesté que sí, se volvió a quedar callada y creo que dudó de la respuesta que le di. Al rato de seguir insistiendo qué hago para que no me cierren las cuentas -ya que no quiero morir en la calle por andar plata en mi billetera- me dice: ‘Hagamos una cosa, si es que sus padres trabajan, lleve una constancia salarial o certificado de CPA y un documento que respalde que es hijo de ellos’.

“Aclaro que no la noté muy convencida de lo que me dijo, pero les puedo asegurar que cuando vaya al banco a realizar dicha diligencia la persona encargada me va a decir que eso no se puede hacer”, contó.

Es decir, más de un año después de estar aplicando la ley, el banco aún no tiene una política definida. Encima, espera que los clientes se echen varios viajes, hagan fila dos veces y rueguen para que de una buena vez les definan el procedimiento a seguir.

Recomendación para los universitarios y las personas que puedan estar en una situación similar: Llamar antes al banco y exigir que le definan claramente qué documentos llevar.

Tal vez por tener las prioridades torcidas -proteger el secreto bancario de cuanto extranjero deposita plata aquí, mientras se le hace la vida imposible a los estudiantes- es que después nos hacemos fama de paraíso fiscal, como ocurrió en el reciente informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD).

NOTA: El anuncio no le dice a los estudiantes u otras personas en situación de dependencia económica qué documentos deben presentar

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